Tras años de protestas por parte de diferentes asociaciones, profesionales de la salud y familias de afectados por la adicción al juego de azar, muy pronto entrará en vigor en España el nuevo Real Decreto Ley de Comunicaciones Comerciales de las Actividades de Juego (ahora en estado de consulta en la UE) para regular la publicidad y las políticas de juego responsable y protección al usuario.
Se trata de un paquete de 100 medidas que afecta a los operadores del sector y medios de comunicación y que desarrolla varios artículos de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego: un marco normativo de enorme laxitud en cuanto a la regulación de la oferta de los juegos de azar.
Este decreto ley fue presentado el pasado 21 de febrero por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, e incluía unas medidas fuertemente restrictivas a una actividad que produce importantes problemas financieros, de salud y bienestar, especialmente entre las poblaciones más vulnerables.
Días antes, en un acto público de la Dirección General de Ordenación de Juego(DGOJ), el ministro había planteado que se abordaría la regulación del juego de azar desde una perspectiva de salud pública basada en datos empíricos, palabras que resonaron como el anuncio de la “tierra prometida” para todos los investigadores y profesionales de la salud.
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